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«Por voluntad de la mayoría del pueblo». La revolución cantonal de 1873

A pesar de nuevas investigaciones, el Sexenio Revolucionario sigue siendo mal conocido a nivel popular. Peor visión aún tiene uno de sus periodos: la revolución cantonal de 1873 en el marco de la I República española. Sin embargo, es un periodo crucial, un momento de inflexión en la evolución política de la construcción de la España contemporánea.

5 de julio de 1873, Bailén, provincia de Jaén, República española. El alcalde, Francisco de la Chica, republicano federal, ordenó la recaudación del odiado impuesto de consumos, especialmente gravoso para las clases populares. Los republicanos federales más radicales, los llamados intransigentes, no alcanzan a comprender cómo las autoridades republicanas no han abolido tal impuesto, ¡si era una promesa de la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868!

Aquel día hubo protestas en Bailén contra el impuesto de consumos. A consecuencia de ello fueron detenidos tres milicianos que formaban parte de los Voluntarios de la Libertad, el cuerpo creado para la defensa de los principios revolucionarios del 68 y, en ese momento, de la República. Eran los herederos de la antigua Milicia Nacional y, como esta, participaron en política mediante las armas y los votos. Pudiera haber acabado todo ahí, pero no. Apareció entonces en escena una mujer apodada La Mogina, quien quiso obsequiar con dos botellas de vino a los tres presos que estaban en la cárcel. Ella iba vestida «de hombre, usa gorro frigio y lleva revólver al cinto», según se hizo eco la prensa. El carcelero le negó el paso. La Mogina, sin pensarlo, le rompió una botella en la cabeza y liberó a los federales detenidos. Tras ello, dio algunos tiros al aire con su pistola. El impuesto de consumos no se cobró en Bailén, localidad que unos días después se declaró cantón independiente del gobierno de Madrid, pero dentro de la Federación Española.

Podría ser un episodio anecdótico, pero, en realidad, fue una de las muchas convulsiones que sacudían a la España de esos años. En las siguientes líneas trataré de explica la fase más revolucionaria del Sexenio Democrático (1868-1874): la revolución cantonal, en el marco de la Primera República española (1873-1874).

La revolución cantonal ¿un esperpento?

No pocas veces se han visto los sucesos de 1873 como un caos, un auténtico esperpento inexplicable en el que distintas localidades españolas «se independizaron». Sin embargo, eso se ha debido a una visión distorsionada y descontextualizada. En primer lugar, porque el régimen canovista de la Restauración que le sucedió se presentó como garante del orden y estabilidad frente a los vaivenes anteriores; en segundo lugar, porque no pocas veces se ha visto el fenómeno republicano español como una anomalía. Hubo cuatro grandes corrientes que explican 1873: el juntismo, el municipalismo, el republicanismo y los ecos de la Comuna de París.

El fenómeno de separarse del gobierno establecido en Madrid fue algo muy común en los distintos procesos revolucionarios españoles del siglo xix. De hecho, la tradición juntista, la conformación de juntas soberanas independientes del Gobierno, era la forma de hacer la revolución en España. Así sucedió en mayo-junio de 1808 cuando gran parte del país rechazó las abdicaciones de Bayona que dejaba la corona en manos de los Bonaparte. Las juntas se declararon independientes de la nueva monarquía, asumieron la soberanía en nombre de otro rey y con base en la legitimidad popular. Así iniciaron un proceso constituyente de abajo hacia arriba que desembocó en la conformación de una Junta Central que convocó Cortes representativas, soberanas, revolucionarias. Ese proceso se repitió a lo largo de casi todo el siglo.

Focos de sublevación cantonal y principales batallas. ©Durero sobre un mapa de Tyk/Wikimedia Commons.

En 1820 se constituyeron juntas revolucionarias en favor de la Constitución de 1812 que forzaron a Fernando VII a aceptarla. En el verano de 1835 juntas de distintas ciudades españolas desconocieron al gobierno y se erigieron en representantes de la voluntad popular. Lo mismo ocurrió en 1836 cuando reinstauraron la Constitución y en 1840 cuando declararon inconstitucional al gobierno. En 1843 dos movimientos juntistas se arrogaron legitimidades en conflicto, pugnaron por el control del Estado y a punto estuvo de desembocar aquello en una guerra civil. En 1854 la revolución que afianzó el liberalismo se hizo mediante juntas, al igual que en 1856 se formaron juntas en defensa de lo mismo. Y, finalmente, en septiembre de 1868, tras el pronunciamiento en Cádiz, la Revolución Gloriosa triunfó gracias a un amplio movimiento juntista en todo el país al grito común de «¡Abajo los Borbones!

Es en esta tradición en la que se incardina la revolución cantonal de 1873. Los cantones que se declararon independientes lo hicieron del gobierno central, para instaurar su modelo político estatal. Por tanto, los cantones no dejaban de ser un trasunto del fenómeno juntista anterior. Misma dinámica, similares acciones basadas en todas las experiencias políticas previas. Nada anómalo, todo tenía su sentido.

Y es que en la España del siglo xix (y no solo), el municipio era una pieza fundamental en la cotidianeidad y, por tanto, en la política. Su control fue clave para el engranaje y construcción del estado-nación. La legislación del Trienio Constitucional (1820-23) había convertido a los municipios en auténticas islas democráticas, pues los ayuntamientos eran elegidos por sufragio universal masculino indirecto en dos grados. Eso se consagró entre 1836 y 1843 con la práctica electoral, tanto con votos como con armas. Y durante el Sexenio de 1868-74 con un sufragio universal masculino directo. La fuerza del municipalismo es otra tradición que desembocó con fuerza en 1873.

Lo que cambiaba a esas alturas era quiénes dominaban esos espacios: los republicanos. Estos no habían aparecido de la nada con la Revolución Gloriosa. Estaban mucho antes, desde la década de 1840, como ha estudiado la historiadora Florencia Peyrou. En 1849 se creó el Partido Democrático, como escisión por la izquierda de los progresistas, y la experiencia del llamado Bienio Progresista (1854-1856) fue clave. A partir de ahí, muchos demócratas abrazaron la vía republicana, al considerar que la monarquía era un obstáculo a la libertad y al desarrollo nacional, un nido de corrupción. En los últimos años del reinado de Isabel II hubo numerosas conspiraciones, algunas intentonas insurreccionales y un acercamiento entre liberales progresistas, unionistas, demócratas y republicanos. Esa alianza triunfó en septiembre de 1868 e Isabel II partió al exilio. Sin embargo, pronto se sintieron traicionados los republicanos, apartados del gobierno provisional que conformaban progresistas (el general Prim) y unionistas (el general Serrano). Además, el gobierno se declaraba abiertamente partidario de instaurar una monarquía que, aunque fuera democrática, seguía sin ser una república. Entonces, el republicanismo vaciló entre mantenerse en la vía institucional o la insurreccional. Las elecciones municipales les dieron numerosas alcaldías, pero las votaciones a Cortes no les dieron la victoria, sino una importante minoría de varias decenas de diputados.

Así las cosas, muchos optaron por la insurrección, sobre todo en momentos de miedos al desarme de los milicianos, incertidumbres políticas y crisis de trabajo. Cádiz fue la primera ciudad en rebelarse por la república en diciembre de 1868. Le siguió Málaga el día de Año Nuevo de 1869. Las dos insurrecciones republicanas más generalizadas fueron las de octubre de 1869 y la de noviembre de 1872, esta última ya contra el rey Amadeo de Saboya. Todas fueron reprimidas por tropas del ejército y la Guardia Civil, pero todas fueron experiencias acumuladas por clases populares y medias, así como por distintos líderes políticos.

Caricatura de la revista satírica La Flaca del 3 de marzo de 1873 sobre la pugna entre los radicales, que defienden la república unitaria, y los republicanos federales que defienden la federal. Y también sobre la pugna entre los federales «transigentes» e «intransigentes». Wikimedia Commons.

Por último, no podemos olvidar el contexto europeo. En la Francia de 1870-71 se había vivido una gran crisis política. La inestable y débil III República comenzó su andadura con un inmenso baño de sangre. Entre marzo y mayo de 1871 había tenido lugar la experiencia revolucionaria de la Comuna de París. En ella habían confluido jacobinos, blanquistas, internacionalistas… con el objetivo de demandar autonomía municipal, derechos políticos y sociales, así como crear un gobierno que, entre otras cosas, paralizó desahucios, fomentó la educación pública y laica y separó Iglesia y Estado. Sin embargo, el gobierno de Adolphe Thiers acabó con aquel proyecto con el bombardeo y asalto de París con el ejército. En la Semana Sangrienta fueron fusiladas 17 000 personas, mientras que otras miles acabaron en consejos de guerra, campos de prisioneros, deportadas o en el exilio. Los miedos que aquella experiencia revolucionaria supuso para las elites recorrieron Europa. Los mismos coetáneos vieron similitudes entre los sucesos de Francia en 1871 y los de España en 1873. Y es que incluso hubo comuneros parisinos que recalaron en los cantones españoles. La Revolución y la Contrarrevolución eran internacionales.

Varias revoluciones cantonales, una resistente: el Cantón Murciano en Cartagena

Izado de la bandera roja del Cantón en el castillo de Galeras el 12 de julio de 1873 según La Ilustración Ibérica. Wikimedia Commons.

El 11 de febrero de 1873, tras conocerse la abdicación de Amadeo I, las Cortes proclamaron la Primera República española. Congreso y Senado quedaban unificados en una Asamblea Nacional que pasó a ser constituyente. «Nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria» dijo Emilio Castelar. Los republicanos se lanzaron a construir una república federal.

Sin embargo, no era tarea fácil. El contexto internacional no era favorable, menos el interno. El nuevo gobierno republicano debía hacer frente a dos guerras civiles: la provocada por el levantamiento carlista, que desde 1872 estaba en armas, fundamentalmente en el norte; y la insurrección independentista en Cuba, iniciada en 1868. Y para sostener sendas guerras el estado republicano precisaba de dinero y soldados. De esta forma, por un lado, el impuesto de consumos se seguía recaudando a pesar de que estaba suspendido; por otro, se mantenía el reclutamiento obligatorio para quienes no pudieran redimirse en metálico, es decir, las clases populares. El gobierno decretó una nueva quinta para acabar con los carlistas. En muchos lugares, el sorteo provocó motines y altercados entre los mozos que se negaban a ir a la guerra al grito de «¡Abajo las quintas!».

Por si fuera poco, el temor a la reacción estaba muy presente. Y no solo por los contrarrevolucionarios que combatían abiertamente a la República, sino por los políticos liberales monárquicos o republicanos centralistas y moderados. Ahí estaba el cercano ejemplo de Francia en 1871 y su reacción, con políticos conservadores como Thiers y militares como Mac Mahon. La Asamblea Nacional debía constituir, en ese marco, el estado federal. Pero lo hacía desde arriba. Eso llevó a muchos republicanos federales a impacientarse y entender que no era el camino correcto, quizá incluso una traición a los ideales federales. En su ideario, la federación española debía construirse de abajo hacia arriba, porque esa sería la verdadera soberanía popular.

Estos últimos puntos llevaron a la división en el seno mismo del republicanismo federal. Por un lado, quienes estaban en el gobierno en Madrid y en la Asamblea, los benevolentes, con Pi i Maragll al frente. En oposición, quienes se llamaron federales intransigentes, que abandonaron las instituciones gubernamentales y se lanzaron a la acción directa. Consideraban que ya era la hora de proclamar distintos cantones españoles que se agruparían de forma soberana en una federación. El primer cantón que quisieron proclamar fue el de Castilla la Nueva, en Madrid, pero fracasaron estrepitosamente el 8 de julio. Así que los líderes intransigentes se desperdigaron por las provincias.

Los hechos se precipitaron a partir de entonces. El 20 de junio de 1873, el intransigente Roque Barcia llamaba a que la España Federal se constituyera en «juntas de gobierno para realizar la soberanía administrativa y económica de los Estados particulares». Mientras el Centro Republicano de Madrid acusaba de traición al gobierno, el Club de Amigos de la Libertad de Cartagena enviaba telegramas a Barcia, quien ya había señalado: «Estamos dispuestos. Ordenad». Aunque el 27 de junio la Asamblea Nacional rechazó la proposición de los intransigentes de constituirse en Junta de Salud Pública con poder ejecutivo, dos días después el Centro Republicano la creó bajo dirección de Roque Barcia, y el 1 de julio los diputados intransigentes abandonaron las Cortes. Pocos días después estaban convocadas elecciones municipales, pero estalló la revolución cantonal.

Por una parte, el Comité de Salud Pública ─dirigido por Barcia en lo político y por el general Contreras en lo militar─ se preparaba para crear un Estado paralelo; por otro, en Cartagena se pasaba a la acción. Según el Comité, iba a ser Antoñete Gálvez, diputado y revolucionario bregado, quien iniciara la insurrección en Murcia, pero se adelantó el médico Manuel Cárceles, quien no esperó instrucciones. La noche del 11 al 12 de julio de 1873 se produjo el levantamiento de Cartagena: el ayuntamiento benevolente fue depuesto, la marinería de la Armada se adhirió al motín, y se creó una Junta de Salvación Pública bajo presidencia de Pedro Gutiérrez. Lo primero que hicieron fue abolir el impuesto de consumos. Saturnino Giménez, cartagenero que participó en los hechos, dejó claro que solo «se trataba de sancionar con hechos», puesto que «los de Madrid han votado federalismo, pero se asustan de su obra». Los cantonales creían estar cumpliendo la legalidad votada por la Asamblea Nacional. Hubo gente de la «elite» que huyó de la ciudad, pero a pesar de lo que la propaganda dijo del cantón, reinó el orden.

Quedó constituido de esta forma el Cantón Murciano, la bandera roja quedó izada en los fuertes y edificios de Cartagena, mientras que en los buques ondeaba junto a la rojigualda. Poco después, tras la dimisión de Pi i Margall y la llegada al gobierno en Madrid del más conservador Salmerón, otros lugares se sumaron a la revolución cantonal. Y es que los republicanos se veían abocados al enfrentamiento bélico entre ellos. El 21 de julio, el gobierno de Salmerón declaró piratas a los buques de Cartagena. Aquello, además, casi provoca una guerra entre los cantonalistas y Alemania.

Cartagena, los soldados de Iberia y la marinería de los buques de guerra fraternizan con los sublevados, en la revista española La Ilustración Española y Americana. Wikimedia Commons.

El Cantón Murciano, cuya sede radicó en Cartagena, se constituyó en estado republicano español paralelo, con el nombre de Gobierno Provisional de la Federación Española, cuyo objetivo fue agrupar federalmente a los distintos cantones españoles en oposición al gobierno establecido en Madrid. Ese gobierno estuvo dirigido, inicialmente, por un directorio formado por el general Juan Contreras, Antonio Gálvez (que quedó al mando de las fuerzas terrestres) y Eduardo Romero. El 27 de julio llegó Roque Barcia a Cartagena y fue nombrado presidente de aquel gobierno.

Barcia (1821-1885) era un activo político y propagandista federal que cautivaba a las masas con sus artículos en prensa. Estos se caracterizaban por su sentimentalismo, radicalismo, romanticismo popular y narrativas religiosas. Su carisma y papel estaba en la comunicación escrita, pues como orador y político institucional dejó que desear. Era conocido como el «evangelista del pueblo» y él mismo se creía un nuevo Cristo llamado a redimir a la sociedad mediante la política. Recientemente, Ester García Moscardó ha publicado una biografía sobre este personaje que lo fue todo para una buena parte del republicanismo español y que cayó totalmente en el olvido as su inconsistente actuación en 1873.

Entre los planes políticos de Roque Barcia se encontraba un proyecto constitucional (a imitación del suizo) para unos Estados Unidos de España, con cuatro constituciones para cuatro ámbitos de soberanía: municipal, provincial, cantonal y nacional. Junto a esta estructuración pretendía una revolución social con desamortizaciones que repartieran la tierra en pequeños lotes, la creación de bancos agrícolas e industriales, ayudar a cooperativas de obreros y la formación un ejército de voluntarios. Nada pudo llevar a la práctica.

El periódico oficial de la Federación fue El Cantón Murciano y, en su número del 16 de agosto de 1873, dejó plasmado parte del ideal que les impulsaba: «la actual revolución es hecha para el progreso y el bien social, para reparar las injusticias, para que obtengamos las dichas de la paz y del trabajo, para que cese la explotación del débil por el fuerte, para que el pueblo se gobierne a sí mismo, para que el cuarto estado entre en el comercio de la vida moral y material». Para los sectores conservadores españoles publicaciones de este tipo, junto a las noticias sobredimensionadas de los disturbios de Alcoy, rumores y bulos, aquello se trataba de una «guerra social que ha empezado a emular las sangrientas jornadas de la Comuna».

Cabecera del periódico El Cantón Murciano, editado en Cartagena en 1873. Wikimedia Commons.

Los sucesos de Alcoy
Simultáneamente a la revolución cantonal se produjeron unos serios altercados en Alcoy que conmocionaron a la opinión pública y despertaron los fantasmas de la Comuna de París entre buena parte de las elites españolas. Todo comenzó con una huelga de obreros el 8 de julio de 1873. Pedían mejoras laborales como la reducción de la jornada y un aumento de sus míseros salarios. Los empresarios se negaron y encontraron apoyo en el alcalde, Agustín Albors. A partir de ahí, todo se precipitó en una espiral violenta. La guardia municipal disparó contra los manifestantes y estos respondieron. El alcalde se atrincheró con varios policías municipales y guardias civiles. Allí fueron derrotados y Albors fue linchado y arrastrado por la multitud. Los obreros también capturaron varios rehenes entre los propietarios y prendieron fuego a algunos edificios significativos. En estos sucesos hubo implicación de los internacionalistas, a los que la prensa no dudó en culpar de todo. El 13 de julio, las tropas gubernamentales entraron en la ciudad y retomaron el control de la situación.
Por poner algunos ejemplos de cómo reflejaron estos sucesos en la prensa nacional, el periódico La Época hablaba de los «horrorosos acontecimientos de Alcoy» en los que «parece indudable la intervención funesta de la Internacional» y «todo ha sido amargura para los católicos». El diario liberal La Iberia señalaba que «el alcalde primero, el sr. Albors, muerto desastrosamente por los insurrectos, arrojado vivo por un balcón y arrastrado después» tras dieciocho horas de lucha. Incluso el diario republicano La Igualdad condenaba la «anarquía internacionalista». Para La Ilustración española y americana, que acompañaba las noticias de ilustraciones, lo sucedido en Alcoy era «La guerra social [que] ha empezado a emular las sangrientas jornadas de la Comuna».

En realidad, la actuación de Barcia como presidente de la Federación resultó entre mínima y desconcertante, mientras a otros miembros de la Junta se les acusaba de corrupción. El 13 de agosto declaró el estado de guerra. El nuevo gobierno llevó a tener 10 000 hombres para su defensa, entre Voluntarios de la Libertad, el regimiento Iberia, el batallón de Cazadores de Mendigorría, artilleros, marinería, Guías del General Conteras, Compañía de Gálvez, Voluntarios de Murcia y algunos presidiarios. La revolución cantonal derivó pronto en otra guerra civil. Salmerón envió al ejército contra Cartagena. Por su parte, los cantonales realizaron varias incursiones tanto navales como terrestres, entre las que destacaron los ataques navales a Alicante y Almería como los terrestres contra Lorca. Después, con el gobierno de Castelar, el general López Domínguez inició un fuerte bombardeo sobre la plaza cantonal, ya el 25 de noviembre de 1873. Saturnino Giménez explicaba la agónica situación «Parece que Cartagena vaya a hundirse bajo el diluvio de proyectiles que caen por sus calles y sobre sus inermes edificios». La explosión del Parque de Artillería sentenció a la ciudad.

El 12 de enero de 1874 el general López Domínguez y Barcia firmaron la capitulación de Cartagena. Terminaba así la revolución cantonal, la Federación Española que nunca llegó a constituirse. Simultáneamente, buena parte de los líderes intransigentes, junto a otros cantonalistas, se embarcaban en la fragata Numancia rumbo a Orán, al exilio. Otros fueron juzgados por autoridades militares y condenados a deportación. No fue hasta 1877 cuando llegó un primer indulto.

Pero el Cantón Murciano de Cartagena no fue el único, aunque sí el más resistente y sede del gobierno, ejército y armada de la Federación. Casi simultáneamente a su proclamación tuvieron lugar serias protestas obreras en Alcoy que terminaron con el arrastre del alcalde y el incendio de varios edificios. En otras localidades murcianas también se proclamó el cantón, como la propia ciudad de Murcia. También fueron prolijos los cantones andaluces, como el de Cádiz, cuyo líder fue Fermín Salvochea entre el 19 de julio y el 3 de agosto. Málaga, Sevilla y Bailén también se erigieron en cantones. En el último caso fue el día 22 de julio tras una proclama dirigida por Mariano Peco desde Despeñaperros, en la que llamaba a «la regeneración social y política de esta tierra clásica de libertad» y a «la salvación de España». Las tropas del general Pavía acabaron con ellos.

Insurrectos prisioneros después de los combates, Sevilla, en la revista La Ilustración Española y Americana. Wikimedia Commons.

Para ampliar:

García Moscardó, Ester, 2021: Roque Barcia Martí (1821-1885). Auge y caída de un nuevo mesías revolucionario, Granada, Comares.

Higueras Castañeda, Eduardo, 2016: Con los Borbones jamás. Biografía de Manuel Ruiz-Zorrilla (1833-1895), Madrid, Marcial Pons.

Serrano García, Rafael (dir.), 2002: España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y León.

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Daniel Aquillué Domínguez

Doctor en Historia Contemporánea, autor de los libros «Bailén 1823-1873, del absolutismo al cantonalismo» (Ateneo de Bailén, 2019), «Armas y votos. Politización y conflictividad política en España, 1833-1843» (Institución Fernando el católico, 2020) y «Guerra y cuchillo. Los Sitios de Zaragoza 1808-1809» (La Esfera de los Libros, 2021). Foto del autor: Sandra Escribano.

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